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A esta descripción de los hechos y al pedido de perdón, quiero agregar que ha habido responsabilidades específicas que deben citarse, de acuerdo con lo expresado por el informe de la Comisión de la Verdad.
De él surgen responsabilidades: el Teniente Coronel Domingo Monterrosa, comandante de aquél Batallón; su segundo al mando, el Mayor José Armando Azmitia Melara; Jefe operativo, el entonces Mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera, y otros, mencionados por la Comisión de la Verdad.
En virtud de ello, he resuelto a partir de este día, instruir como Comandante General de la Fuerza Armada a la institución la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico que hoy en nombre del Estado salvadoreño y como Comandante General formulo.
Esta revisión debe reflejarse en los textos y símbolos con que se forman los cuadros militares a los efectos de un doble objetivo: primero, fortalecer el rol profesional, despolitizado y desideologizado de la Fuerza Armada y su integración profunda en el seno de la sociedad salvadoreña; y segundo, aportar a la pacificación de los espíritus, factor imprescindible para fortalecer la democracia, la justicia y la paz social.
Precisamente porque a 20 años de los Acuerdos de Paz estamos ante una institución militar diferente, profesional, democrática, obediente al poder civil, no podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos.
Similar llamado, en mi condición de Jefe de Estado y Presidente de la República, similar llamado al liderazgo político del país, a todos los partidos políticos para que no exalten nombres de personajes que pudieron haber estado vinculados a violaciones de los derechos humanos ni acciones que hubieren provocado muerte y sufrimiento y que, lejos de contribuir a la creación de una cultura de paz, fomentan la polarización y la división de la sociedad salvadoreña.
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No quiero finalizar sin antes anunciar también el inmediato lanzamiento de los próximos días, del Programa Nacional de Reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
Este Programa está destinado a reparar, restituir, rehabilitar y compensar a las víctimas y sus familiares.
En el marco de este programa se impulsarán medidas que actúen como garantía de no reiteración, de no repetición de este tipo de hechos.
Por ejemplo: la revisión y amplia difusión de los textos de educación de Historia y de formación de la conciencia ciudadana en materia de Derechos Humanos.
De igual manera, la revisión de los planes de estudio y formación de las fuerzas policiales y militares para asegurar el pleno conocimiento, respeto y protección de los derechos humanos.
Para avanzar firmemente en la concreción de este programa, crearé una Secretaría Ejecutiva del más alto nivel que tendrá a su cargo una comisión que formulará las políticas y su implementación efectiva.
Como Presidente de la República supervisare directamente el progreso de los trabajos de esta Secretaria.
Querido pueblo salvadoreño y pueblos del mundo.
Ningún pueblo será libre, ningún pueblo será feliz, ningún pueblo alcanzará la paz plena si no se quita del corazón, el dolor profundo que produce la negación de la memoria, la verdad y la justicia.
Me corresponde asumir la responsabilidad como jefe de Estado y es lo que hago. Me corresponde como Presidente Constitucional de la República y Comandante General de la Fuerzas Armadas, reconocer la veracidad de los hechos tal como ocurrieron en este caserío y zonas aledañas hace ya más de 30 años. Me corresponde como Jefe de Estado, reconocer la responsabilidad de agentes activos del Estado en esta masacre. Me corresponde como Jefe de Estado, pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas y sus familiares como lo hemos hecho en esta histórica mañana.
Me corresponde como Jefe de Estado, iniciar un proceso de reparación moral y material y de creación de condiciones, para que este tipo de hechos abominables no se repitan más en el país, pero no es mi responsabilidad, ni mi atribución administrar justicia.
Por ello, ante el pueblo, ante los habitantes de esta zona masacrada hace 30 años, pido a todos los miembros del Órgano Judicial y del Ministerio Público que revisen conductas del pasado que impidieron el reconocimiento de la verdad y hacer justicia.
Hay sectores que demandan la derogatoria de la Ley de Amnistía y es una pretensión válida, sin embargo, como Presidente de la República respetuoso de la independencia de los poderes del Estado, me corresponde reconocer que la sentencia de inconstitucionalidad 27-98, de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, deja sin efecto jurídico la mencionada ley, cuando ella constituya un factor de impunidad a las graves violaciones a los derechos humanos.
Por ello, como Jefe de Estado, pido también a las organizaciones civiles y a las autoridades nacionales involucrados en el tema de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República y a los jueces y magistrados del Órgano Judicial, que contribuyan con su acción a favorecer el combate de la impunidad en el país.
Y pido a los miembros actuales y futuros de la Asamblea Legislativa que legislen con sabiduría, que revisen lo que haya que revisar, para impedir la impunidad.
Y que legisle lo que deba legislarse para garantizar la justicia y para facilitar el proceso de reconciliación y paz en nuestro país.[...]
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