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EDITORIAL LPG.El repugnante proceso en contra de La Prensa Gráfica por publicar fotos y el nombre del asesino del joven Carlos Francisco Garay, un tal Jonathan, contrasta con la decisión de un juez de Pensilvania de juzgar como adulto a un niño de 12 años.Jordan Brown ha sido acusado de matar a la prometida de su padre de un escopetazo en la cabeza mientras ella dormía. La víctima, Kenzie Marie Houk, estaba embarazada y murió instantáneamente con el feto. La noticia, junto con las fotos del niño asesino, han sido divulgadas por la Prensa Asociada.El crimen de Brown se califica como una "ejecución", un asesinato en primer grado de una persona indefensa, por lo que podría ser condenado a prisión perpetua.La decisión de juzgar como adulto a Brown, quien en nuestro país sería considerado "menor infractor", se debe a lo horripilante del crimen perpetrado y a que contaba con la suficiente capacidad de discernimiento para saber lo que hacía. Pero hay otra consideración no expresada: establecer precedentes ejemplarizantes, que disuadan a otros jóvenes de cometer delitos muy graves, creyendo que no van a a cargar con la plena responsabilidad de sus actos.Como lo hemos señalado múltiples veces, tanto en Europa y sobre todo en Inglaterra y en Estados Unidos, la minoridad es una atenuante pero no un factor que exima de toda responsabilidad al culpable de crímenes espantosos. Y ser menor de edad tampoco implica que el público no va a saber de quién se trata o se prohíba publicar su fotografía, como ordena la aberrante "Ley Penal Juvenil", vigente en El Salvador.¿Del lado de quién están ciertos tribunales?La jueza que procesa a La Prensa Gráfica absolvió, "por falta de pruebas", a cuatro acusados de descuartizar a Estrellita y a su amiga, los que ahora andan en los barrios sin que sus vecinos o las familias de jóvenes que visitan, sepan del terrible riesgo que corren.Pero hay consideraciones adicionales a esto: cuando la gente no puede identificar a los autores de graves crímenes, está imposibilitada de defenderse de esos delincuentes al merodear éstos por sus casas ni puede testificar contra ellos si conoce de otras fechorías que cometieron. La información, a la que tiene derecho el ciudadano cuando se trata de asuntos que atañen a su seguridad o ponen en riesgo su trabajo o sus pertenencias, se esconde, se tapa, se disimula. Las decisiones de un juez obran en beneficio del criminal y en perjuicio de sus potenciales víctimas. El repugnante proceso judicial en contra de un Diario por publicar las fotos de un hecho horripilante, es un insulto a la colectividad.El caso de "Pensilvania contra Brown" se repite centenares de veces aquí en El Salvador, como consecuencia de las permisivas leyes que protegen a los criminales y además alientan a jovencitos de todas las edades, pero siempre "menores", a realizar ejecuciones de otros jóvenes y adultos por disposición de los criminales que manejan a las maras y al crimen organizado. A los extremos a que hemos llegado se ilustra con las estremecedoras fotos que la jueza considera merecedoras de multa: se mata a un joven para exhibir como trofeo su camisola. Similares prendas ensangrentadas se encontraron en poder de los asesinos de Estrellita, pero fueron consideradas insuficientes.Con juezas como esas, los salvadoreños no necesitan enemigos.
